El Ayuntamiento de Vigo tramitó el año pasado 567 licencias de obra mayor, una cifra muy superior a la registrada en A Coruña, donde se llevaron a junta de gobierno un total de 243 permisos, menos que días hábiles tuvo el año. Es menos de la mitad que en la ciudad olívica, a pesar de que ambas urbes comparten el papel de motor económico de Galicia, tienen una población comparable, con 243.971 habitantes en A Coruña por 292.817 en Vigo; y de que María Pita tiene un plan general actualizado mientras el gobierno de Abel Caballero debe ceñirse al de 1993 después de que la Justicia anulase el último texto.

En el caso de Vigo, el resultado tiene cierto mérito, ya que la ciudad se encuentra en una grave situación debido a la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) por el Tribunal Supremo. Debido a ello, ha recuperado su vigencia el plan de 1993, a estas alturas ampliamente desfasado.

A fin de que no colapsar la escasa actividad constructora que permite la crisis económica, la Xunta aprobó una ley para tramitar proyectos públicos no previstos en el Plan Xeral, lo que ha permitido tramitar la ampliación de Citroën. También se ha buscado una vía para conceder licencias privadas que quedaron bloqueadas por la suspensión.

Pero la cifra de licencias tramitadas durante el año pasado por el Ayuntamiento coruñés tampoco es comparable con sus propias marcas durante los ejercicios anteriores. En el 2012, el primer año completo del anterior gobierno local, Urbanismo llevó a junta de gobierno 430 permisos, un 80 % más que en la actualidad.

Un frenazo peor que la crisis

Cabe recordar que el 2012 fue el año más duro de la crisis en Galicia. Los autores del informe Ardán, que encarga la Zona Franca de Vigo y está considerado la biblia empresarial de Galicia, consideraron que aquel año «la recesión tocó fondo» en una comunidad castigada por la caída de la producción industrial y el aumento del paro que ya se habían disparado en el año previo.

Pero tanto en aquel ejercicio como en el 2011, que también estuvo marcado por un fuerte deterioro de la economía, se superaron con creces las cifras de trámite de licencias registradas en el 2016 o en la segunda mitad del 2015, tras el cambio de gobierno.

La tendencia a la baja se mantiene en el arranque de este año, en el que se tramitaron 35 licencias frente a las 55 que se dieron en el mismo período del año 2013.

Los empresarios coruñeses consideran que el problema en la ciudad no es de falta de demanda o de que continúe la recesión. Ya a principios del 2016 criticaron la lentitud del departamento de Urbanismo, y en las últimas semanas han reiterado sus quejas, exigiendo al gobierno local que rectifique su política por el riesgo de que la ciudad pierda el tren de la recuperación.

Por un lado, la asociación provincial de promotores inmobiliarios (Aproinco) acusó al ejecutivo local de «inacción» y de provocar «inseguridad jurídica» al iniciar el expediente de caducidad de obras iniciadas en el polígono de Náutica. Su secretario general, Juan José Yáñez, advirtió además que, como consecuencia de esos problemas, hay un «éxodo» de empresas a otros municipios, entre los que citó Vigo.

La asociación de emprendedores Ascega ha responsabilizado al gobierno del parón en la actividad económica, al poner «trabas» a la inversión privada y tardar hasta «un año y medio» en tramitar algunas licencias.

El gobierno y los promotores

La asociación provincial de empresarios de la construcción Apecco ha advertido que la ciudad ha pasado de la «desaceleración» del 2011 a una situación de «parálisis total» en materia de obra pública, y ha advertido que el empleo dentro de ese sector «está en situación crítica».

El gobierno ha negado la veracidad de los datos ofrecidos por esas entidades, pero no ha hecho públicas las cifras detalladas de licencias, aunque el edil Xiao Varela ha señalado que solo 15 días de septiembre del 2016 tramitaron 217 expedientes de licencia.

Además, tanto él como el alcalde, Xulio Ferreiro, han responsabilizado a los empresarios de los problemas en el área de Urbanismo, señalando que algunos de ellos «non están facendo as cousas ben» y por eso se retrasan los trámites. Varela también ha apuntado a que en el pasado algunos funcionarios «máis permisivos» trabajaban de forma «directa» con algunas firmas dedicadas al sector inmobiliario.