De momento, el primer paso ya se ha cumplido y el segundo está en marcha. Los despachos de abogados han activado su maquinaria para atraer a los contribuyentes apenas unos días después de que el Tribunal Constitucional determinase, en una sentencia publicada en febrero, que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos que no sean exponentes de riqueza". Esto es, que los Ayuntamientos sólo pueden exigir la plusvalía cuando se produce, efectivamente, una ganancia.

La sentencia responde a un caso sucedido en Guipúzcoa, razón por la que, en un primer momento, Hacienda señaló que el fallo no se podía extrapolar del ámbito foral al nacional. Sin embargo, el propio Ministerio reconoce ahora que "estudia la situación", el Ayuntamiendo de Madrid ya está cuantificando el impacto, y agentes del mercado inmobiliario como Tinsa consideran que "es cuestión de tiempo que se resuelvan en este mismo sentido las numerosas cuestiones planteadas por otros juzgados relativas a la legislación de ámbito estatal".

Por ello, esta tasadora ofrece incluso un número de posibles afectados: más de medio millón. "Las viviendas sobre las que se podría reclamar, por haberse transmitido por un valor inferior al de adquisición, estarían en torno a 550.000, según cálculos realizados a partir de estadísticas del precio de la vivienda, y de datos de Fomento y del Colegio de Registradores", explica Tinsa.

"La estimación tiene en cuenta las transmisiones realizadas entre 2013 y 2016, ya que pueden recurrirse las operaciones de los últimos cuatro años", desarrolla la compañía, que además ofrece el siguiente ejemplo: la venta de una vivienda en Carabanchel (Madrid), a un precio de 180.000 euros, con un valor catastral de 52.000 euros, y tras un periodo de tenencia de 12 años, obligaría a abonar 5.000 euros en concepto de plusvalía. Pero la realidad, señalan, es que "esos 180.000 euros suponen una pérdida respecto a los 245.000 euros en los que se compró".

Más de 8.000 millones en cuatro año

En los últimos cuatro ejercicios liquidados, los Ayuntamientos han recaudado más de 8.000 millones mediante este impuesto, una factura que no representaría mayor riesgo para sus cuentas si no fuera porque, en los últimos años, los pequeños ahorradores han encontrado en los despachos de litigios masivos una vía para llevar a término sus reclamaciones. Sucedió con las preferentes, donde los clientes ganaron un 95% de los casos judiciales y se forzó a un arbitraje que devolvió más de 3.000 millones. Continuó con la salida a Bolsa de Bankia, por la que las condenas obligaron a la entidad a allanarse para devolver más de 1.500 millones a cerca de 200.000 accionistas. En el presente, el impacto previsto de 4.200 millones por las cláusulas suelo ha obligado al Gobierno a abrir una vía extrajudicial de reclamaciones. Y ahora, esos más de 8.000 millones, de los que todavía no se sabe qué cantidad corresponde a operaciones cerradas con pérdidas, son la próxima gran reclamación.

Los despachos de abogados ya preparan su estrategia. "No pedimos anticipos a los clientes, cobraremos sólo en caso de ganar", explica José Baltasar Plaza, socio de Bufete Rosales, uno de los despachos más activos. Según Plaza, con la crisis se han transmitido propiedades por menos de lo que se compraron. Aun así, asegura, los Ayuntamientos han subido el valor catastral en relación a los precios del mercado para cobrar plusvalías. Es un perfil para quienes compraron en el boom inmobiliario y han vendido en la crisis.

Plaza considera que los contribuyentes deberán reclamar por la vía administrativa para, si no tienen respuesta, pasar a los juzgados de lo contencioso con lo que, probablemente, hasta 2019 no habría condenas. La reclamación media es por 5.000 euros más intereses, y la tarifa del despacho es de entre el 10% y el 15% de lo reclamado.