Los promotores que deseen construir en Galicia estarán obligados a inscribirse en un registro específico, con el que la Xunta quiere transparentar el sector y favorecer que el posible comprador tenga acceso a la información sobre la situación de la empresa. Esta es una de las medidas que se regulan en el proyecto de decreto con el que el Ejecutivo desarrolla la Lei de Vivenda, aprobada en el 2012. El texto, que hoy inicia su exposición pública para la recogida de alegaciones, también contempla nuevos regímenes para la ocupación de viviendas de promoción pública. El más novedoso es el de copropiedad, que permite al adjudicatario adquirir como mínimo el 60 % del valor del piso, mientras que el resto quedaría en manos del Instituto Galego de Vivenda (IGVS) o del concello. Esta fórmula establece la posibilidad de que el adjudicatario pueda completar en cualquier momento la adquisición del 100 % de la vivienda. También crea las viviendas de inserción o asistenciales, que serán gestionadas por entidades sin ánimo de lucro y estarán destinadas a las familias con menos medios.

Además, entre otras novedades, el proyecto de decreto amplía los umbrales de renta para facilitar el acceso a viviendas de precio tasado, establece mecanismos para priorizar la atención a las familias con menos recursos y para evitar desahucios. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, explicó en una comparecencia de prensa que la tramitación del proyecto de decreto se prolongará durante los cuatro meses, y que la Xunta trabaja con la previsión de dar luz verde al texto antes de que finalice el año.