“Crece de manera sostenida la incorporación de socios a las cooperativas”, según Roberto Jiménez, el presidente de la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV). Durante los años de la crisis, han mantenido la actividad de construcción de vivienda al aportar seguridad a las entidades financieras, con proyectos viables y demanda solvente. El resultado es que, según Jiménez, se hace en cooperativa el 28% de lo que se promueve en España y este porcentaje alcanza el 48% en la Comunidad de Madrid, extrapolando los datos del Colegio de Registradores.

Del total de la promoción en régimen de cooperativa, el 80% eran viviendas protegidas. Actualmente, la mitad de las que acometen son de precio libre. Bien es verdad que, en algunas localidades, el precio de esta es similar que el de las protegidas. Pero, independientemente de la tipología, lo que caracteriza al régimen de cooperativa es que se promueve a precio de coste y con las calidades fijadas por los socios cooperativistas, puesto que son auto promotores y participan en la gestión y la AGV, surgida hace un año, se ha dotado de un código deontológico y estatutos tendentes a vigilar que la gestión responda a esos dos objetivos.

Estima AGV que otras 15 gestoras no integradas cumplen con los estándares éticos y de calidad en la gestión de promociones de vivienda madrileña. De momento, la docena de empresas que la componen suma 90.000 viviendas en su haber y está gestionando unas 6.200 viviendas, en 61 promociones, con 275 puestos de trabajo directos y unos 9.000 indirectos y, dado que el precio medio del metro cuadrado en Madrid, está en 2.051 euros el metro, mueven 1.122 millones de euros y 547.000 metros cuadrados de suelo. Y con estas credenciales, quieren hacer oír su voz en las instituciones.

AGV ha tenido encuentros con el Director de Vivienda, Arquitectura y Suelo del Ministerio de Fomento y con el de la Comunidad de Madrid. Está a la espera de reunirse con la unidad que se ocupa de la economía social, dentro de la Consejería de Economía. Una de las peticiones -compartida por la Federación de Cooperativas de Vivienda- es la de que se regulen las bajas de los socios como en la Comunidad Valenciana. Juan José Perucho, vicepresidente primero, explica que “cuando un socio pide la baja, la sociedad cooperativa tiene un plazo de 18 a 36 meses, para devolverle su aportación. Pedimos que se modifique la ley de cooperativas madrileña para que no se vincule la devolución a un plazo fijo, sino a que su hueco sea cubierto por otro socio, para no comprometer la viabilidad de la promoción”.

El código deontológico, entre otras cosas les compromete a contar con los medios adecuados, y garantizar la viabilidad de los proyectos, no solo aportando los medios necesarios, sino también rechazando a aquellos que entrañen grave incertidumbre urbanística; algo, difícilmente descartable, por otra parte, dada la complejidad del urbanismo, en general, y de los procesos de gestión de suelo, en particular, y las dilaciones y cambios de criterio que se han producido en el Consistorio madrileño; al que ofrecen su experiencia para la puesta en marcha de nuevos ámbitos.

El código también supone el compromiso de no cobrar por la gestión honorarios abusivos; un porcentaje muy variable, pero que tendría un máximo del 12% del coste de la promoción y que responde a un detallado baremo, según la mayor o menor complejidad de la promoción.

Además, en su diálogo con los agentes del mercado y con las tres administraciones, aportan soluciones alternativas para mejora del marco normativo, ya que algunas llevan más de 35 años promoviendo y algunas fuera de España. Por ejemplo, han estudiado alternativas al seguro de afianzamiento de las cantidades que se anticipan antes de la licencia de edificación. Es el caso de la fiducia colombiana: una sociedad independiente que administraría las aportaciones realizadas por los socios cooperativistas hasta el arranque de la promoción, cuando se obtiene la financiación que da seguridad al cooperativista.

La AGV, que lleva un año de rodaje, surge también para dar garantía ante la desconfianza creada por lo que denominan “paracaidistas del cooperativismo de vivienda que han llevado a perder el dinero a los cooperativistas”. Su principal enemigo, las gestoras que, en realidad, son promotoras encubiertas y empiezan por poner a sus empleados en el consejo rector, órgano de gobierno que debe ser elegido por la asamblea de cooperativistas entre estos.