Lun 25 de Abr del 2016
Los alcaldes piden tiempo y apuestan por hacer pedagogía antes que por sancionar
Si el combate contra el feísmo apenas logró avances durante los 13 años de aplicación de la anterior Lei do Solo, tampoco cabe esperar que el nuevo marco normativo mude de la noche a la mañana las construcciones en ladrillo que dominan el anárquico paisaje urbanístico del país. Un mes después de su entrada en vigor, el pasado 19 de marzo, la ley que obliga a los concellos a ordenar el remate de las fachadas y a castigar al propietario que no cumpla conmultas que pueden alcanzar los 25.000 euros en 15 meses no ha tenido todavía ninguna consecuencia. No le consta a la Xunta, que advierte de lo prematuro del balance, ni tampoco a los propios alcaldes, que apuestan por primar la pedagogía sobre la sanción, y que consideran por ello que este ámbito de la ley necesitará recorrido largo.
En realidad, la nueva norma no inventa nada en cuanto a la ambición del legislador de erradicar las fachadas de ladrillo visto, pero sí incorpora figuras de las que carecía la anterior que, según el Gobierno de Feijoo, permitirán trascender del papel para hacer efectiva su aplicación. Porque la ley que Cuíña impulsó en el 2002 ya contemplaba la imposición de sanciones coercitivas para los dueños de construcciones inacabadas que no atendieran la orden municipal de realizar las obras necesarias para su remate exterior, incluida la cubierta. De hecho, la Xunta llegó a adoptar medidas para reclamar la implicación de los concellos. Pero la circular que el bipartito remitió a los alcaldes, en marzo del 2006, solo sirvió para acreditar su inhibición. Hace un año, una consulta realizada por este periódico entre decenas de regidores volvió a atestiguar su rechazo a ejercer de policía urbanística.
También puertas y ventanas
Para empujarlos a desempeñar las competencias que les reserva la ley en esta materia, el nuevo marco define como una obligación municipal lo que para el anterior era una potestad. Es decir, con la norma en la mano, el concello tiene que instar al vecino con una vivienda a medio construir a que complete tanto cerramientos y muros, como la instalación de puertas y ventanas. Y está obligado a proceder a la ejecución forzosa en aquellos casos en los que el propietario se desentienda de la orden, con la imposición de multas coercitivas de periodicidad trimestral, que arrancarán con 1.000 euros y pueden llegar a 10.000, hasta sumar esos 25.000 en 15 meses.
Pero de momento no hay noticias de que la nueva ley haya derribado ese muro. El presidente de la Federación Galega de Municipios(Fegamp), Alfredo García, asegura que los concellos quieren concienciar antes que abordar medidas drásticas. García, alcalde socialista de O Barco, trata de predicar con el ejemplo. «De momento, vamos a elaborar un censo para ver cuántas viviendas de nuestro municipio están en esa situación. Y después trataremos de interesarnos por los motivos. Queremos hacer pedagogía, pero necesitamos tiempo», plantea. García apunta que ignora si otros concellos están haciendo lo mismo. «Es un asunto que todavía no hemos tratado en la Fegamp», revela su presidente, que apunta que percibe que los vecinos están ahora más informados sobre sus obligaciones en relación al remate de la vivienda.
La Xunta indica que tampoco está recibiendo consultas de los concellos sobre ese contenido de la norma. En Medio Ambiente explican que los ayuntamientos están dando prioridad a la aprobación definitiva de los planes urbanísticos, un proceso farragoso que hasta ahora requería por término medio 8 años de trabajo y que 41 municipios (11 con el PXOM en fase de aprobación inicial y 30 en fase provisional) aceleraron en los meses previos a la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo para evitar tener que empezar de cero con su tramitación. Pero también la propia Xunta está centrada ahora en reuniones con los agentes implicados para elaborar el reglamento que desarrollará la Lei do Solo.
La nueva Lei do Solo no solo refuerza la competencia de los ayuntamientos para actuar contra los propietarios que no rematen sus viviendas. También habilita medidas para incentivar la ejecución de las obras. La más novedosa permite prorrogar varias veces la licencia de obra, aunque el plazo de tres años de ese permiso municipal haya expirado. El único requisito que el nuevo marco exige para ampliar la licencia es que el propietario realice previamente las obras de remate exterior. Esta medida puede ser aprovechada por promotores de decenas de edificios en esqueleto que pueblan Galicia, especialmente su fachada litoral, para evitar posibles derribos. La instalación de la cubierta y la fachada les permitirá ganar tiempo para ir acometiendo después las obras interiores.
