La patronal CEOE cree que no se puede posponer por más tiempo el inicio de nuevas promociones de viviendas. Señala que el stock de casas ya terminadas y no vendidas (entre 300.000 y 500.000 unidades) ya no es un problema para volver a edificar porque buena parte de ese excedente nunca se va a vender. Y, según la visión de la patronal, la recuperación del sector inmobiliario pasa por construir 150.000 viviendas al año, porque la demanda solvente y con financiación es muy superior al número de casas nuevas al año. Este volumen supondría triplicar la cifra de viviendas construidas en 2015, pero se mantendría en niveles muy inferiores a los años de la burbuja. Calculan que la vuelta de las grúas a las ciudades supondría la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo de forma sostenida y que el inmobiliario volviese a tener un peso importante en el PIB español.

“El sector ha sido capaz de pasar de 800.000 visados de obra nueva en 2007 a 50.000 en 2015, lo que refleja la inexistencia del sector en este momento. Ha soportado la destrucción de 1,4 millones de empleos y la pérdida de 210.000 empresas y lo hace hecho a pecho descubierto, sin ayudas”, ha señalado Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), durante la presentación del informe El sector inmobiliario: propuestas para la recuperación, elaborado por el Comité de Edificación Residencial de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE.

Pero la demanda de reposición (la que busca mejorar la vivienda actual) es finita, así que ese reto de construir y vender 150.000 casas anuales solo es posible si se recupera el primer acceso a la vivienda de los jóvenes, tanto de los millennials como de la Generación Z. Algo complicado si se tiene en cuenta, además, que el poder adquisitivo de las familias y su capacidad de endeudamiento han cambiado. Según los empresarios, que la gente pueda comprar una casa es posible reduciendo los costes de producción.

La forma de abaratar costes pasa por incorporar la industrialización en el proceso constructivo pero, sobre todo, por “no soportar una carga fiscal tan grande, ya que el 25% del precio de una vivienda son impuestos que van a las arcas de las tres Administraciones”, ha explicado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y presidente del Comité de Edificación. La fiscalidad es muy superior a la de muchos otros países europeos como Alemania, donde se paga un 16%.

No obstante, sin el apoyo de la Administración la reactivación del sector se plantea complicada. Entre la batería de medidas planteadas por los empresarios está que los Gobiernos estatal y autonómico puedan ofrecer un programa para facilitar a los compradores de una primera vivienda la financiación de ese 20% que no cubre la entidad financiera. “Esta fórmula es seguida por el Gobierno de Reino Unido y ha permitido la venta de 200.000 viviendas en un año”, recuerda Gómez-Pintado.

Impulsar la vivienda protegida

Además, desde la CEOE se pide una reducción de los requisitos que se exigen actualmente a los demandantes de vivienda protegida, que ya no reciben ayudas pero sí deben cumplir una multitud de exigencias legales. Entre las medidas planteadas está eliminar el requisito de no ser titular de otra vivienda en España y homogeneizar los ingresos máximos que limitan el acceso a este tipo de inmueble. Además, los empresarios recuerdan que el precio de la vivienda ha caído un 45%, con lo que el coste de una protegida y una libre es igual. Tampoco los promotores quieren ya esos suelos, pero resulta que en Madrid el 50% de los solares está preparado para vivienda protegida, “así que o se liberalizan o se adapta el marco jurídico a la realidad”, exige el presidente de la patronal.

Reducir y racionalizar la carga burocrática de la tramitación urbanística es otra de las peticiones del sector inmobiliario a la Administración. El modelo español se compone de unas 100 normas urbanísticas autonómicas y más de 5.000 ordenanzas municipales. “Esta enorme heterogeneidad y complejidad es de difícil aplicación, genera duplicidades, plazos que no se pueden cumplir y procedimientos inexplicables”, concreta Gómez-Pintado, que recuerda que en muchas ciudades hay ordenanzas obsoletas que tienen más de 40 años . Por eso, piden que la concesión de licencias de edificación (que tardan entre ocho meses y un año), y las de primera ocupación (entre tres y cuatro meses), sea automática y se tramiten a través de procesos informáticos.

Ayudas que llegan de Europa

Otro tirón de orejas para la Administración es por la rehabilitación y regeneración urbana, un capítulo en el que hasta ahora no ha habido una verdadera voluntad de actuar. Y eso que desde el punto de vista económico es menos costosa la regeneración urbana (que aprovecha los servicios públicos y suministros que ya existen) que desarrollar un nuevo barrio. “El sector no debe dejar escapar ni un solo euro de los fondos europeos destinados a la rehabilitación”, afirma Gómez-Pintado.

Respecto a la financiación de los promotores, la CEOE propone caminos alternativos al bancario. “Es interesante incorporar instrumentos como elcrowdfunding y la fiducia inmobiliaria, así como facilitar el acceso al MAB y al MARF”, dice Gómez-Pintado. Aunque para eso, “las empresas del sector tendrían que ganar tamaño”.