Mar 05 de Abr del 2016
De los 292 inmuebles que tenían que presentar el certificado en el 2015 lo hicieron 167
Hace justamente un año, el 9 d abril del 2015, entraba en vigor la Ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación dos edificios do Concello de Pontevedra. Conocida formalmente como ITE (Inspección Técnica de Edificios), rápidamente la norma se adaptó popularmente como «ITV de edificios», en similitud con la inspección que han de pasar forzosamente los vehículos a motor.
El objetivo era que en el plazo de cuatro años, todos los edificios con una edad superior a los cincuenta años sean sometidos a una completa revisión referida al estado de conservación de cubiertas y terrazas, fachadas, medianeras, cimentación e instalaciones de antenas, ascensores, electricidad, gas o fontanería. Además, los propietarios tienen la obligación de presentar sendos certificados de eficiencia energética y de cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
No se puede afirmar que el primer año con la norma en vigor haya resultado un éxito. Con el fin de ir introduciendo la nueva normativa poco a poco, se estableció un calendario progresivo en función del año de construcción del inmueble, y en la primera anualidad tenían que someterse a la inspección aquellos edificios que hubiera sido construidos antes de 1943. El listado municipal registró 292 inmuebles en esa situación, y tenían de plazo hasta el 31 de diciembre del año pasado para presentar e certificado conforme a que habían sido sometidos a la inspección que establece la normativa.
El resultado fue que apenas la mitad de los propietarios cumplieron: 146 de los 292. En los tres primeros meses de este año se sumaron otras 21 certificaciones, pero a día de hoy quedan todavía 125 edificios que, teniendo la obligación de pasar esa ITV en el año 2015, no lo han hecho todavía.
El gobierno local considera que tres plazos de margen a mayores ha sido tiempo más que suficiente, y esta semana comenzaron a abrirse sendos expedientes a todos estos inmuebles con la inspección pendiente, a los que se les enviará un requerimiento. De no atender la llamada municipal, sus propietarios se exponen a una sanción que puede llegar a los 6.000 euros.
En realidad no vale cualquier documento para certificar que se ha pasado la inspección. De hecho, de esos 167 que se han recibido hasta ahora en el Concello, los servicios municipales apenas han dado el visto bueno definitivo a 22. El resto están siendo revisados, y si se observa alguna deficiencia o no cumplen los parámetros que establece la ordenanza, se les emplazará también a llevar a cabo las reformas que sean pertinentes.
En cuanto a este año, se incorporan 247 a la lista de inmuebles que tienen que pasar a inspección técnica. Son aquellos que fueron construidos antes de 1953. El área de Disciplina Urbanística publicó esta misma semana en la web municipal la lista completa, e inició el envío de cartas a los propietarios de estos inmuebles.
La ordenanza prevé, como disposición adicional, que el Concello«poderá establecer, de conformidade coas súas dispoñibilidades orzamentarias, liñas de subvencións das que poderán beneficiarse os propietarios que acrediten de forma fidedigna a carencia de recursos económicos suficientes para sufragar o custo da inspección e redacción do informe de avaliación de edificios regulada nesta ordenanza».
Sin embargo, lo cierto es que el Concello de Pontevedra no ha habilitado ayudas para las comunidades de propietarios. El coste de la inspección técnica puede oscilar entre 400 y mil euros para edificios colectivos, y aunque hubo cierta polémica previa a la aprobación de la ordenanza municipal por disputas entre los ingenieros industriales y los arquitectos técnicos, el texto definitivo se limita a hablar de «técnicos competentes».
La vigencia de los certificados es de diez años, y pasado ese tiempo hay que renovarlo.