La inspección que la Dirección General del Catastro inició hace tres años para detectar bienes ocultos ha revelado que casi 85.000 gallegos hicieron obras de nueva construcción en la comunidad sin declararlas ante esta oficina y, por tanto, ocultándolas a Hacienda, que es la responsable del Catastro. Son bienes por los que ahora tendrán que tributar ante los concellos correspondientes, que les podrán exigir pagos por no regularizar antes la situación.

Además, la comunicación de esa irregularidad conlleva una tasa de 60 euros por bien no declarado, según consta en la Ley del Catastro Inmobiliario. Teniendo en cuenta que en Galicia desde que se inició este proceso, en enero del 2014, han aflorado más de 210.000 inmuebles, se concluye que solo por la inspección Hacienda ha ingresado unos 12 millones de euros. Eso, al margen de los ingresos extra en concepto de IBI para los concellos, que además pueden reclamar los intereses de demora de hasta cuatro años atrás. Se calcula que la subida media en ese tributo está en el 6,5 %, unos 150 euros por afectado, aunque depende del tipo de edificación.

Las nuevas construcciones suponen la mayor bolsa de fraude detectado en Galicia. Ahí entran todo tipo de obras realizadas en los últimos años, y que se reparten sobre todo por la provincia de Lugo (absorbe casi la mitad de toda Galicia). No quiere decir que sea un territorio más propicio a las irregularidades, porque, como explican en Hacienda, el proceso está aún en marcha y esa es la provincia más peinada, con más del 80 % de los ayuntamientos revisados. Una prueba de ese proceso dinámico se constata en el ritmo con el que se han ido desvelando los bienes: en el 2014 solo fueron 25.000; un año y medio después (el último dato disponible es de julio del 2016), esa cifra se había multiplicado por ocho, hasta esos 210.000.

Tipo de fraude encontrado por el catastro por provincias

A.L.C.

Otros 80 concellos este año

El plan de regularización concluye este año, y aún en el 2017 se van a inspeccionar 80 concellos más, entre ellos la segunda ciudad más grande de Galicia, A Coruña; algunos de su área metropolitana, como Oleiros -que ha registrado un fuerte crecimiento urbanístico-, y medianos, como Vilagarcía de Arousa o  Monforte.

Las nuevas construcciones y las ampliaciones de vivienda (otros 80.000 casos, el segundo tipo de fraude) suponen el 80 % de todo lo hallado por el Catastro en Galicia en estos dos años y medio de inspección. El resto son reformas o cambios de uso (por ejemplo, un almacén para convertirlo en un establo) y piscinas. Lo sucedido con estas últimas es paradigmático: en apenas un año el volumen de instalaciones de este tipo ocultas al Catastro ha pasado de 1.000 a 5.600.

¿Qué consecuencias tiene todo esto para un afectado? De entrada, esos 60 euros de la tasa que cobra el Catastro. Y luego, a regularizar la situación con el Ayuntamiento. Este le podrá exigir el pago de los IBI no prescritos de los últimos cuatro años, e intereses de demora. En el caso de construcciones agrarias, están exentas de liquidaciones con atrasos Y, ojo, regularizar en el Catastro no implica legalizar la obra en el Registro de la Propiedad. Es otra cosa.

El procedimiento

Para hacer su tarea, el Catastro cuenta con un cuerpo de más de 2.300 trabajadores. Inician el trabajo de campo con fotos aéreas (de drones o de satélite) y supervisiones sobre el terreno. Luego, la información la confrontan con la documentación de los ayuntamientos y al detectar el fraude se envía la carta al contribuyente alertándole del inicio del proceso.

Antes de llegar a pagar, se puede alegar. Por ejemplo, porque la infracción sea por una pérgola o una piscina hinchable. Hacienda sostiene que muy pocos casos en Galicia han terminado en una reclamación formal. Hay que hacerlo 15 días después de recibir la comunicación con el fraude o infracción detectada. Se puede incluso llegar al Tribunal Económico Financiero.