Después de seis meses de su entrada en vigor, la Xunta ha aprobado el reglamento que desarrolla, aclara y concreta la Lei do Solo de Galicia, que además unifica y sustituye los tres reglamentos que hasta ahora determinaban la gestión, el planeamiento y la disciplina urbanística, uno de ellos autonómico, de 1999, y los otros dos estatales, del año 1978. El reglamento entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de Galicia y amplía las principales medidas de la Lei do Solo, como la obligación de rematar las fachadas de las casas, la posibilidad de incrementar la superficie de las viviendas rurales rehabilitadas en mayor medida que con la norma anterior o la reducción de los tiempos de elaboración de los planes generales de ordenación.

Terminar fachadas

A riesgo de una multa. Una de las obligaciones que recoge la Lei do Solo que entró en vigor en marzo es la de terminar las fachadas para evitar el feísmo urbanístico de las paredes de ladrillo visto. No hacerlo puede conllevar multas de hasta 25.000 euros en quince meses, aunque desde que entró vigor esta legislación esta medida apenas se ha aplicado, ya que además son los concellos los responsables de velar por que las viviendas completen cerramientos y muros, y hagan puertas y ventanas. Aunque esta obligación ya está definida en la ley, y por lo tanto está en vigor, desde Medio Ambiente admiten que con el nuevo reglamento se habilita un texto que da claridad a la ley y desarrolla múltiples conceptos urbanísticos. No solo se explica cómo aplicar el articulado de la legislación, sino que ofrece mayor seguridad jurídica para interpretar sus principios.

Planes urbanísticos

Se reducen los plazos y se crea el plan básico. Se crea la figura del plan básico municipal, para que los ayuntamientos con menos de cinco mil habitantes también cuenten con planeamiento urbanístico. Además, tal y como destacó Núñez Feijoo tras el Consello de la Xunta, la norma permite la agilización de estos trámites, que también se simplifican, por lo que el plazo medio de aprobación pasa de seis a tres años. El reglamento desarrolla el período máximo de tiempo para cada uno de los trámites a desarrollar para elaborar un plan. Además, se recogen los informes sectoriales requeridos en la tramitación de un planeamiento y un modelo resumen de todo lo que debe contemplar un PXOM.

Responsabilidad

En base al conocimiento. El reglamento al que el Consello de la Xunta dio su visto bueno recoge como circunstancia que puede ser un atenuante o un agravante de la infracción que cometa un particular su mayor o menor conocimiento técnico, en base a la profesión o actividad habitual del responsable. Es decir, que la sanción podrá variar pese a ser la misma infracción. También podrá ser diferente en base al mayor o menor beneficio obtenido, o a la mayor o menor dificultad técnica para restablecer la legalidad.

Sanciones

De 300 euros a un millón. Las sanciones por las infracciones recogidas en la Lei do Solo van desde los 300 hasta el millón de euros, y siempre deben ser superiores a un porcentaje del valor de la obra realizada. No obstante, será un agravante incumplir la orden de paralización de las obras, hacer prevaler la condición de oficio o cargo público, falsificar documentos o utilizar cualquier tipo de coacción contra los funcionarios encargados de velar por la protección urbanística. Al mismo tiempo se recogen atenuantes, como paralizar las obras de modo voluntario o corregir la infracción mediante la demolición o reposición de los bienes afectados. En todo caso, cuando haya un agravante o atenuante este debe ser ponderado de forma racional a la hora de determinar la sanción.

Seguridad jurídica

Legalización de viviendas. La Lei do Solo permite dar seguridad jurídica a miles de viviendas, ya que posibilita reconocer casas y naves industriales edificadas en municipios antes de que estos contaran con algún planeamiento urbanístico. De este indulto están excluidas aquellas edificaciones que estén en zonas verdes o en un espacio público.

Suelo rústico

Apoyo al rural. El texto apuesta claramente por el suelo rústico como lugar productivo, por lo que se permite que la rehabilitación de casas en el rural pueda aumentar su superficie hasta un 50 % en lugar del 10 % de la norma anterior, entre otras ventajas.

La nueva ley sustituyó a la que estaba vigente desde el 2002

La Lei do Solo que ahora se desarrolla nace con la aspiración de articular elurbanismo de Galicia. Pero no es la primera norma que sale del Parlamento gallego con el objetivo de definir el modelo territorial y mejorar el paisaje. La comunidad inició el ejercicio de las competencias urbanísticas en agosto de 1985, con la adaptación de la Ley del Suelo a Galicia. Doce años después, en 1997, se aprobaba la primera Lei do Solo de Galicia.

Fue en el 2002 cuando se aprobó la ley que estuvo vigente hasta que esta última entró en vigor. Esa Lei de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia estuvo vigente durante 14 años, pero durante ese período se elaboraron otras disposiciones normativas que modificaron el texto aprobado inicialmente. Además, se desarrollaron normas de ámbito estatal que incidieron sobre el urbanismo gallego. En este aspecto, cabe destacar el real decreto del año 2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Lei do Solo e rehabilitación urbana, o la Lei de rehabilitación,rexeneración e renovación urbanas del año 2013.

Cambiaron las leyes y también cambió la sociedad en la que estas se aplican, así que el nuevo texto tiene, entre sus prioridades, la de simplificar los trámites urbanísticos y dar agilidad a este tipo de procesos.

Será el paso del tiempo el que determine si los principios con los que surgió esta norma se han alcanzado o no, pero entre ellos está, tal como figura en el preámbulo del texto, el de que el urbanismo es una tarea de todos: «Todos somos corresponsables da construción do noso territorio e non podemos eludir a nosa responsabilidade, cadaquén no seu eido».

Otra de las claves de la ley es el reconocimiento de la autonomía local. En este aspecto, se han dado más competencias en el ámbito urbanístico a los ayuntamientos y se han reservado para la Administración autonómica las competencias relativas al control de la legalidad y a la tutela de los intereses supramunicipales.